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Venezuela triunfó. Maduro no se fue, quienes se van a la chirola o al zipote son otras gentas

La profesora Chea Rodríguez hace un importante análisis sobre el triunfo del presidente Maduro en las recientes elecciones y aporta datos importantes en el análisis político.

Chea Rodríguez

Exclusivo para la Revista Caracola 

CONTIENE RECOMENDACIONES PARA UNA LEY-CONSTITUYENTE PENAL CONTRA LA ECONOMÍA DELICTUOSA

Quienes apostaron por una intervención extranjera absteniéndose de votar en la elecciona presidenciala de este domingo 20 de mayo de 2018 no pertenecen sólo a clases socioeconómicas pudientes: actúan en redes en distintos estratos y se sienten incapaces de hilvanarse distinto para la obtención de lucro; son insensibles ante riesgos de incursiones foráneas solapadas para repartirse nuestro territorio, pues los perciben como daños colaterales que de seguro no les afectarían tanto como al resto del Pueblo, debido a que subsistirían en cualquier ambiente de descontrol…

Al gobierno popular de Nicolás Maduro Moros sí lo perciben veraz en sus advertencias sobre lo que hará con ellus tras ganar la re-elección (la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos –SUNDDE– tiene cuatro días repartiendo cana por órdenes del primer mandatario nacional, dejando de lado su otrora alcahueta política de “concertar” y “exhortar” pues “dizque no tiene suficiente funcionariato”… ¡Resulta que nadie le pedía tener el funcionariato total sino hacer sentir a lus picaronus que serán sancionados “de verdad” el día que por sorpresa llegue a su local y que, por tanto, no deben de arriesgarse!).

Otras gentas que decidieron abstenerse la propia mañana del domingo son aquellas que viven en zonas predominantemente escuálidas y no entendieron que el aparente decaimiento de sus centros de votación no se debía a un fracaso en la convocatoria (por cierto, el chavismo en esas zonas igual acudió a un proceso sufragial cada vez más ágil y simplificado: votar no lleva más de cinco minuticos y por eso no hubo colas allí).

En el fondo, esos candidatos no los convencían: uno es un salta talanqueras oportunista perpetuo, el otro un dizque renunciante pastor evangélico radicaloide que se hace pasar por seglar y amenazó con cadenas mediáticas nacionales para transmitir sermones los domingos (los archiconservadores grupos pseudorreligiosos financiados desde transnacionalas estadounidensas-brasileñas son también ultraperdedoras hoy), al otro nadie lo conoce. Los dos primeros además anunciaron que darían soporte legal a la intervención extranjera.

Hubo chavistas otrora que esta vez no sufragaron. Nada raro: se trata de fanáticus estalinistus paridorus de divisionas y, lo que es peor, quizás se trata de “enchufadus” (cómo los llama la derecha) bachaquerus y corrupticus, quienes saben que cuando Maduro afirma que tiene mayor experiencia y sindéresis y jura que acabará con ellus por más que se disfracen de rojo rojito, está hablando en serio, porque es honesto y se aplica a favor del Pueblo cumpliendo sus promesas.

No en vano Maduro (candidato del Frente Amplio de la Patria) obtuvo 6 millones 190 mil 612 votos, es decir, 68 por ciento (la más alta proporción de votos cosechada hasta ahora por presidente venezolano alguno), de un total de 8 millones 603 mil 936 votantes (46,01% del padrón electoral, envidiable cifra para cualquier latitud democrática que, a excepción de Venezuela durante la era socialista bolivariana, no sobrepasa de 30 por ciento en participación y en algunos estados-naciones ni siquiera hacen elecciones directas).

Se firmó entonces el acta de verdadera independencia en esta matria suramericana (proyectada ahora hacia Latinoamérica y el Caribe y el orbe entero -incluso hacia sus élites no trompeadas-merkelianas-mayadas-rivlinas, es decir no ultraderechistas según los actuales intereses de élite inmobiliarios legitimadores de capitales ilegales que intentan una guerra mundial que les permita revitalizar sus transacciones en crisis, y que rectoran Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Reino Unido e Israel hacia el resto del planeta). Se apuntaló la peligrosísima independencia sicosocial-ideológica nuestra.

Valga esta recomendación para la Asamblea Nacional Constituyente: que elabore una LEY-CONSTITUYENTE PENAL CONTRA LA ECONOMÍA DELICTUOSA que relance, dándole significado eficaz en lo económico-político, a la noción jurídica de dominio, imperio o cara interna de la soberanía, es decir, a que el Estado-nación, que normativo-vinculantemente cuenta con el monopolio de la fuerza para someter a ciudadanus con conductas disvaliosas, use tal poder.

Esto significa prescindir (e incluso investigar y apresar por desviación de poder) de corrupticus funcionarius que se muestre laxus frente a los intereses económico-políticos privados dañosos (debe de eliminarse la inamovilidad automática “de carrera” en estos casos).

Ya basta de gentas con cargotos que sólo “concertan” y “exhortan” con lobbies. Que hablan de la inflación no como un asunto inducido sino como resultado de una mano invisible que no puede sortearse pues no se sabe cómo actúa (no se dan por enteradus de que esa es la esencia neoliberal: multiplicar incesantemente la ganancia reduciendo nóminas para contraer los pasivos laborales y porque si hay más desempleadus éstus aceptarán peores contratos, reduciendo costos operativos a costa de la calidad de bienes y servicios, mermando los bienes y servicios para encarecerlos, manipular –quitar y poner– gobiernos). Que no asumen que si el Estado está incurso en la violación de Derechos Humanos imposibilitando al Pueblo disfrutar plenamente de su ciudadanía es porque ellus siguen instrucciones de mafias que tienen el móvil y el provecho de tal violación (son cooperantus de esas autoras intelectualas).

Cuando organizaciones privadas de iniciativas socieconómicas conjuntas tales como sociedades mercantiles tradicionales, cooperativas, empresas bajo régimen de propiedad social comunal, unidades productivas familiares o firmas comerciales unipersonales actúen de “mala fe” (requisito esencial para la validez jurídica, por ejemplo ver Código Civil, Arts. 1.157, 1.160, 1.185 y 1.281) sirvan a la comisión de delitos cambiarios; tributarios; aduaneros; bancarios; aseguradores de mercados de capitales; financieros; de inversiones extranjeras; ambientales; de bienes y servicios vencidos o nocivos para la salud, alterados fraudulentamente en su calidad y/o cantidad y/o peso y/o precios y tarifas, o destruidos bien directamente o bien en los instrumentos necesarios para su producción, distribución, comercialización y prestación; de reventa de productos de primera necesidad; de acaparamiento y condicionamiento; de boicot y desestabilización; de contrabando de extracción; de organización y financiamiento terroristas; laborales; de expresión (por ejemplo la difamación como forma de competencia), procederá:

1. La confiscación de bienes que son propiedad privada de tal figura (incluyendo la figura misma, luego el Estado decidirá si mantiene dicha figura como suya, la transfiere a trabajadorus o comunidades organizadus, o la anula de los registros definitivamente).

2. La confiscación de bienes que son propiedad privada de lus humanus que dieron origen a dicha figura (no podrán invocar que la figura tiene personalidad jurídica autónoma).
Confiscación quiere decir que el Estado debe de apropiarse de los bienes sin indemnización alguna (con base en la CRBV, Arts. 116 primera causal, 271 y 317 último aparte) por estar relacionados con la comisión de delitos contra el patrimonio público: la paz y la estabilidad económica sociales, la seguridad de la nación y el derecho a gozar de derechos humanos son tal patrimonio (lo insólito es que esto ya está previsto en varios artículos del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos pero parece que algunus altus personerus gubernamentalus no quisieran darle curso).

El no poder invocar la personalidad jurídica autónoma hoy se prevé en el Código Orgánico Tributario (Arts. 16 y 116), la Ley de Impuesto sobre la Renta (Art.               94), la Ley de Impuesto al Valor Agregado (Art. 60), la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Art. 323), la Ley de Empresas de Seguros y                    Reaseguros (Arts. 162, 181, 183 y 185), la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (Art. 23), la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (Art.           46, 47 y 48, 151, más su reglamento -Arts. 22 y 23-) y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos (Art. 66), pero tales normas tienen alcance             chucuto y transitorio y, además, son rara vez aplicadas.

3. Lus humanus que le dieron origen a tales figuras deben de responder además con sus libertades y ser pasadus a listas oficialas que les nieguen posibilidades de volver a conformar cualasquieras otras figuras en adelante (tal como ya sucede con la tacha de infamia conocida y practicada por los comerciantes agremiados bajo la égida del Código de Comercio venezolano, Art. 941: quien es así sancionado “no puede conservar ni reasumir la profesión de comerciante”), además de revocarles la nacionalidad o la residencia siendo originariamente extranjerus y expulsarles de acá.

Esto además contribuirá a combatir monopolios o equivalentes: demandas u ofertas concentradas o en abuso de posición de dominio o cartelización, porque será más difícil hacer ver como dos figuras a una sola para segmentar y disminuir tributos y obligaciones patronales, obtener protecciones indebidas, “quebrar” a una de ellas para defraudar acreedorus, entre otras prácticas. También incidirá en que hayan menos testaferratos… y que ciertas figuras sean cerradas o vendidas o quebradas fraudulentamente para que sus miembros abran o adquieran otra.

chearodriguez@gmail.com

#RescataPorLoTuyo

 

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