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¿Hasta cuándo permitiremos quemar instituciones y medios públicos y privados?

Guarimbas y guarimberos incendian al municipio Chacao, estado Miranda, las instituciones públicas en nueva oleada terrorista y subversiva.

Agapito Mañón

Es impostergable la movilización del pueblo para evitar la quema de instituciones y medios públicos de uso masivo. La vigilancia revolucionaria debe asumir y acompañar a los encargados de la seguridad dentro de las instituciones. ¿Para qué queremos los batallones de milicias que hace algún tiempo se organizaron en los centros laborales? Cuando sabemos que el saboteo forma parte de la estrategia orientada por el enemigo que prepara el terreno para invadirnos.

No hay que confundir el papel de control de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en las manifestaciones con el rol de las personas encargadas de vigilar y proteger los medios y las instituciones públicas. Las cuales en estos momentos debían tener una protección especial  y la organización de guardias comunitarias, de obreros y trabajadores para defenderlas. No organizar la vigilancia popular es  dejar el campo abierto a la anarquía de los grupos paramilitares y de acción y sabotaje que asesorados desde el exterior intentan derrocar al gobierno.

La vigilancia dentro de nuestras instituciones es el primer anillo para evitar que los enemigos internos y externos logren el objetivo de sabotear  los medios públicos que tanto sacrificio han costado al pueblo y al estado venezolano. Los ataques con bombas molotov, armamento de guerra y otros medios hostiles y de destrucción no pueden ser repelidos con palabras y consejas sino con la fuerza de las armas hasta el sometimiento y entrega a los órganos de justicia para su procesamiento.

Es muy importante organizar la vigilancia y defensa como disuasivo permanente ante las amenazas que viven a diario las instituciones de salud, el transporte público y los abastos de alimentos, hechos que representan un atentado a los derechos humanos fundamentales de las mayorías porque limitan la libre circulación de mercancías y personas. Significan un atentado a la convivencia pacífica y al derecho a la salud, la educación, ente otros.

No  es posible que una minoría enloquecida coloque alcabalas que cobran peajes a los vecinos de la urbanizaciones que quieran pasar por ellas como si se tratara de un estado dentro de otro. Que vecinos de toda la vida pretendan quemar los vehículos a otros vecinos por pensar diferentes y les conminen a cambiar su manera de pensar. ¡Eso es fascismo!

Tiene que haber justicia frente a estas manifestaciones perversas salidas de los laboratorios que a toda costa pretenden hacerse del poder en Venezuela. El Estado está en la obligación de garantizar la paz y los derechos primero a la mayoría de la población. Por eso veo con estupor como una minoría pone en jaque a toda una nación que expectante rechaza la babarie que son capaces de realizar. Mientras el Estado se cuida de afectar lo menos posible con los medios represivos a quienes están en plena rebeldía utilizando armas y la violencia.

Todos los seres humanos tenemos derechos pero también deberes ciudadanos ante la sociedad y nuestras propias familias, vecinos y comunidad. El Estado no puede permitir que bandas armadas pretendan que se les garantice esos derechos cuando ellos están vulnerando sus deberes ciudadanos y los derechos de la mayoría de la población. Mano dura freete a la guarimba y el saboteo. No al chantaje con los derechos humanos.

 

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