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Que actúe ¡ya! el TSJ ante el vacío de justicia que dejó la Fiscal General

Policía Nacional asesinado por terroristas guarimberos en San Cristóbal, estado Táchira, arrollado por un autobús robado por los paramilitares colombianos que violan nuestra soberanía.

  Trincheras de Ideas

Humberto Gómez García

La Fiscala General de la República comenzó su disidencia pública haciendo lo que parecía una denuncia cuando dijo que se estaba violando la Constitución, se refería a la actuación del TSJ y dos sentencias a la Asamblea Nacional que sí estaba violando abiertamente la Constitución y se encontraba en desacato. Curiosamente la Fiscala no criticó entonces las subversivas directrices que tomaba la AN, su no legislar en función de los intereses del país, su pretensión de enjuiciar al Presidente, etc.

Pero vayamos a los graves y críticos momentos que se han vivido y se viven en Venezuela desde aquellas infelices y torpes declaraciones porque, hay que decirlo, podemos interpretar como una luz verde a la contrarrevolución. Semejantes declaraciones dichas por una dirigente de la talla de Luisa Ortega Díaz, que dirige la Fiscalía General de la República no era cualquier cosa. Baste ver cómo celebró la extrema derecha fascista aquella insólita actitud política venida de una persona hasta ese momento odiada, vituperada, agredida por ser mujer y por ser chavista y justa, y ahora no sólo le daban la bienvenida sino que pasó a formar parte del proceso conspirativo, subversivo y estimulador de una guerra civil.

¿Por qué digo esto si hasta ayer no más esta ciudadana simbolizaba la dignidad, la valentía de las mujeres luchadoras, el símbolo –junto a muchas otras– de la consigna “la Patria es una mujer”?

Aquí están las pruebas que presenta el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro de la conspiración y el ataque a las FANB. ¿Qué dice de eso la Fiscala General de la República?

Porque han fallecido más de 60 venezolanos y venezolanas y la Fiscalía no ha actuado como debe actuar. Todos los dirigentes de la Mud, de primero (in)justicia), volunta (im)popular, AD, Unete, Copei, etc., hacen llamados abiertos a derrocar el gobierno, delito tipificado en la Ley, y la Fiscalía no ha actuado. El gobernador de Miranda, Capriles Radonski, utilizando el más bajo y escatológico lenguaje, ofende e irrespeta a la majestad presidencial, delito por demás evidente, y la Fiscalía no se pronuncia. Han sido agredidos niños acabados de nacer y parturientas, médicos y personal de centros de salud, a punto de ser quemados vivos; incendiadas ambulancias, y la Fiscalía no ha hecho nada. Los alcaldes del Hatillo, Baruta, Sucre, Los Salias, San Antonio permiten, incitan, estimulan, ayudan con recursos y personal en las barricadas, permiten un terror desatado e irrefrenado contra la población y las urbanizaciones de esos municipios con las guarimbas, y la Fiscalía no actúa como lo hizo el 2014 dictándoles auto de detención a los alcaldes de San Cristóbal, Valencia y otros cuyos alcaldes hasta se encapuchaban y fueron encarcelados.

Es decir, por todo lo acontecido podemos concluir que de una manera que pareciera deliberada la actitud de la Fiscalía General de la República que no ha cumplido con sus deberes de aplicar la ley a los muchísimos delitos que ha cometido la extrema derecha, sus dirigentes, los y las terroristas e impera la impunidad más abierta, una especie de dejar hacer como parte de un plan abiertamente subversivo.

Si la Fiscala General de la República ha violado de manera reiterada y sistemática la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no ejercer las funciones y aplicar la ley contra los transgresores de la Ley, contra aquellos que cometen crímenes horribles como lo son asesinar a sus propios miembros utilizando armas “caseras”, prendiéndole fuego a seres humanos vivos, utilizando la guerra bacteriológica, contaminando la ciudad con excrementos lanzados a granel contra la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional en el este de Caracas. La labor macabra, brutal de extraer urnas con cadáveres y colocándolas como barricadas y luego prendiéndoles fuego como ocurrió en Los Teques y Maracaibo. La tala indiscriminada de árboles para incendiarlos. El saqueo, destrucción de tiendas, incluso de empresarios derechistas que apoyan financieramente y con recursos las actividades subversivas. La agresión y casi linchamiento de periodistas alternativos y de los medios de la derecha como Globovisión o periodistas internacionales. La utilización abierta y descarada de adolescentes y niños en acciones delictivas, hechos ampliamente registrado. Si ha habido algunas pocas decisiones son por delitos menores que pronto liberan a los terroristas

La lista de hechos, delitos, daños es realmente interminable y es evidente que la Fiscalía General de la República no va a actuar porque sus dirigentes, comenzando por quien la presidente, Luisa Ortega Díaz, de hecho está apoyando el proceso subversivo y golpista ordenado desde el gobierno norteamericano y abriendo peligrosamente la brecha de la impunidad para que los crímenes se multipliquen, es decir, el pueblo está en un grado extremo de indefección casi absoluta y a eso hay que ponerle un freno ¡y ya!

El Magistrado del TSJ, Dr. Luis Damiani, debe, con el conjunto de los otros Magistrados, actuar con prontitud para restituir a la justicia que la Fiscalía General de la República le está negando al pueblo de Venezuela. Eso lo exige el pueblo venezolano.

Es al Tribunal Supremo de Justicia, el garante de la preservación de la Constitución, a quien corresponde tomar cartas en el asunto y si no asumir las funciones que le corresponden a la FGR, tomar medidas jurídicas extraordinarias que lleven la tranquilidad al país y a su pueblo, no en balde se llama Tribunal Supremo de Justicia. La omisión de la Fiscal esta hiriendo de muerte la justicia, eso hay que frenarlo.

Por otro lado el gobierno tiene que ser más contundente y efectivo en su accionar. Estamos en un estado de guerra y las medidas que se tomen deben der, igualmente, de guerra. No son muchachos los que están actuando ni simples bandas de delincuentes, son grupos militares bien armados, militarmente preparados, paramilitares colombianos y de otras nacionalidades, en los hechos que se producen hay bastante preparación militar en la guerra irregular. Por eso el Gobierno debe actuar sin contemplaciones y reprimir con las armas a los paramilitares. Quienes han violado y violan los derechos humanos de los venezolanos –de todos los colores y posiciones políticas– es la derecha fascista, esos partiduchos miserables y sus líderes y lideresas alineados y vendidos a una potencia extranjera. No hay tiempo que perder, incluso, de seguir la espiral de violencia y no frenarse de manera firme y contundente, la propuesta constituyente puede verse afectada, no nos llamemos a engaño. Si a ello se agrega la movilización de tanques y artillería pesada por parte de Colombia a tan solo metros de nuestras fronteras por el Zulia y el Táchira lo que indica un plan que ya está listo para una agresión militar; las “prácticas” militares del ejército norteamericano en la Triple Frontera de Brasil, Colombia y Perú, a escasos 700 kilómetros de Venezuela, y la subversión de Almugre y la OEA que preparan otro golpe contra el país con el apoyo de México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, buscando legitimar una agresión extranjera, tenemos un cuadro político altamente complejo que es necesario moverse con firmeza y contundencia. No son suficientes las movilizaciones, hay que organizar la defensa, llamar a una inscripción general del pueblo en las Milicias Populares, hay que tomar las barridas y comunidades y preparar la defensa, neutralizar a los enemigos. Hay que ganar tiempo, ahora es el soberano el que tiene la palabra

Camaradas del Tribunal Supremo de Justicia, ustedes tienen la palabra, el soberano se los exige. (23/05/17) (humbertocaracola@gmail.com) (@hgcaracola) (revistacaracola.com.ve)

 

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